DOLOR: Murió el niño esclavo en la empresa Nuestra Huella

El martes 16/11/10 murió Ezequiel, el niño de seis años que desde los cuatro era esclavizado por la empresa avícola, Nuestra Huella. El lunes de la semana pasada lo habían vuelto a operar, pero el tumor ya le había ocupado todo el cerebro. La corta vida de Ezequiel transcurrió la mayor parte de su tiempo entre la sangre y el guano de las gallinas y manipulando venenos con elementos cancerígenos de la empresa para cumplir a rajatabla con los topes de producción que la patronal le imponía a su familia.

La empresa no conforme con haber asesinado a Ezequiel, con haber envenenado a decenas de chicos y adultos, ahora se dispone a hacer desaparecer las evidencias y pretende trasladar rápidamente el cuerpo de Ezequiel y quizás cremarlo, fuera del alcance de cualquier pericia judicial que los comprometa y ponga en evidencia su responsabilidad por Ezequiel y por todos los niños y adulltos que manipulan venenos agrotóxicos en sus granjas.

Hoy miércoles 17, el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, y el abogado Pablo Sernani, se presentaron a las 7 de la mañana ante la Fiscalía Federal de Campana. Allí dejaron un escrito en el que se solicita realizar una autopsia al cuerpo de Ezequiel para corroborar las causales de su fallecimiento y que esta tarea la realicen organismos competentes como el Médicos forenses, Facultad de Medicina y el INTI. Además del secuestro de la historia clínica del nene. Pese a que ayer movilizamos a Campana la Alameda retornó a la localidad en las primeras horas de hoy por el peligro que el cuerpo sea cremado o trasladado.

Solo dos coronas de flores recibió Ezequiel. Una con la leyenda “tus papis” y otra “la empresa”.

Ezequiel fue traído desde Misiones con su familia a fines de 2007 por uno de los reclutadores que opera al servicio de la presidenta de la empresa Nuestra Huella, Alejandra López Camelo y que cobraba $ 2500 por cada familia que lograba engatusar. La promesa era dejar la pobreza extrema de Misiones, por un trabajo estable y una casa segura, donde los chicos crecerían en el campo y junto a la naturaleza. Los costos del traslado correrían por cuenta de la empresa. Y la familia sólo tenía que limitarse a aceptar el paraíso que les regalaban. Entre la pobreza extrema y crónica y un futuro de vivienda y trabajo estable, ni lo dudaron.

Al llegar a la granja «La Fernández», la situación distaba mucho de lo prometido. Al padre lo pusieron a cargo de uno de los galpones, donde debía juntar miles de huevos por día, remover guano, juntar la sangre y distribuir el veneno. El tope de producción que le imponía la empresa era imposible de cumplir sin involucrar al resto del grupo familiar, lo cual era estimulado por los capataces de la empresa. Y si ese tope no se cumplía, se corría el riesgo de quedar sin trabajo y en la calle, esta vez a miles de kilómetros del lugar de origen y los conocidos. Además, la familia debía pagar la «deuda» que habían contraído por el traslado a Buenos Aires. Fue así que primero la esposa y luego los niños comenzaron a involucrarse en esas jornadas infernales de producción en el galpón. Lo mismo pasaba en los galpones vecinos, donde ya estaba naturalizado que todos los grupos familiares trabajen a destajo, pero sólo para conformar el salario del padre, un salario más bajo que el de un peón rural.

Cientos de familias más, son esclavizadas del mismo modo que la familia de Ezequiel en unas 70 granjas dispersas por Pilar, Zarate, Campana, Exaltación de la Cruz y Córdoba donde muchísimos chicos están expuestos a correr la misma suerte que Ezequiel. Esas granjas son propiedad de «Nuestra Huella», una empresa que gozaba de prestigio y liderazgo en el mercado avícola y que tenía clientes poderosos como Wall Mart y Carrefour, hasta que comenzó a conocerse su costado más oscuro: trabajo esclavo e infantil, alambrados electrificados, trata y tráfico de personas.

Las horas y horas de filmación de trabajo infantil durante el 2008, 2009 y 2010, la granja allanada con la gente esclavizada y la alambrada electrificada, las 30 granjas de la empresa donde el Ministerio de Trabajo constató fehacientemente trabajo infantil en Nuestra Huella, los más de cuarenta testimonios de víctimas de la empresa, las filmaciones de las persecuciones y los intentos de sobornos a los denunciantes, los datos precisos de los reclutadores, nada, absolutamente nada fue suficiente para que la Jueza Graciela Cione (Garantías en lo Penal de Campana) y Adrián Charbay (Federal II de Zárate y Campana) se dispusieran a impartir un mínimo de justicia en las causas que tramitan por reducción a la servidumbre y trabajo infantil y trata laboral y trafico de personas respectivamente. Quizás el hecho de que la presidente de la empresa, Alejandra López Camelo, sea prima hermana del intendente de Pilar , Humberto Zúccaro, cuñada del Secretario General de UATRE local Jorge Herrrera y que el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort sea el abogado de la firma expliquen un poco acerca del manto de impunidad que rodea la empresa.

FUENTE: http://laalameda.wordpress.com/

Nuevo estudio para los agrotóxicos en argentina

Lunes, 15 de noviembre de 2010
Por Darío Aranda

Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz). Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos, instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales, viviendas campesinas y barrios periurbanos.

La Resolución 147/10 de la Defensoría del Pueblo fue emitida el viernes a última hora. Consta de cinco páginas de fundamentación y una carilla resolutiva. “(Se) recomienda a la Secretaría de Agricultura de la Nación que impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos”, precisa el primer artículo y solicita se estudien “todos los daños a la salud que el producto pueda ocasionar, efecto letal y subletal, agudo y crónico”.

Para ubicar a los agroquímicos en los diferentes rangos de peligrosidad las empresas –y los organismos estatales– miden la toxicidad mediante la “Dosis Letal 50” (DL50). Este parámetro se define mediante la cantidad de agroquímico que mata al 50 por ciento de una población de animales de laboratorio durante un tiempo corto. La DL50 está relacionada exclusivamente con la toxicidad aguda de los plaguicidas, no mide la toxicidad crónica, aquella que surge de pequeñas exposiciones diarias a través de un largo período.

“Todo agroquímico que causa daños crónicos pero mata a poco menos de la mitad de las ratas de laboratorio, en forma aguda con altas dosis, es clasificado como producto Clase IV, identificado con la leyenda ‘normalmente no ofrece peligro’ y señalizado con la banda verde”, denuncia la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), colectivo de organizaciones que participó, en mayo pasado, de una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se solicitara la recategorización de los agroquímicos.

En la presentación ante la Defensoría se remarcó la inconsistencia en la clasificación de toxicidad. “La metodología basada en la DL50 no tiene en cuenta, por ejemplo, si el agroquímico analizado mata años después de una aplicación, porque no es toxicidad aguda; o si mata después de exposiciones repetidas a lo largo de varios años; o si produce o induce malformaciones congénitas, abortos espontáneos, cáncer, afecciones cardíacas, afecciones neurológicas, alergias, daños oculares; y tantos otros daños a la salud que afirman los estudios realizados por investigadores que no dependen de las empresas que patentan, producen y comercializan estos productos”, explica la Renace.

El estudio del investigador de la Facultad de Medicina de la UBA y el Conicet Andrés Carrasco, que confirmó malformaciones en embriones anfibios, sí aborda los efectos subletales. Y no se trata del único trabajo. En agosto pasado, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba organizó el primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados. Durante dos días se presentaron una decena de investigaciones realizadas por académicos de universidades nacionales. Todos ellos tuvieron en cuenta los efectos crónicos y las consecuencias en el mediano y largo plazo de los herbicidas y plaguicidas. “Existe evidencia científica que es suficientemente fuerte y consistente para reconocer que la exposición a plaguicidas aumenta el riesgo de afectar la salud humana”, afirmó el médico, docente universitario y coordinador del encuentro, Medardo Avila Vázquez. Durante el congreso, investigadores y académicos vincularon los agroquímicos con distintos tipos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones y trastornos de la fertilidad. Recordaron que en la Argentina se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos por año y son afectados 12 millones de habitantes.

Hasta que no se realice la revisión de la clasificación toxicológica, el Defensor del Pueblo, Anselmo Sella, instó al Ministerio de Agricultura a elevar al máximo (“sumamente peligroso-muy tóxico”) todos los agroquímicos que no hayan sido evaluados en dosis subletales y crónicas. El Ministerio de Agricultura no cuenta con un listado público de productos que fueron aprobados sin estudios crónicos y subletales, pero desde Renace estimaron que “son la mayoría de los productos que hoy se utilizan en el país y entre ellos se encuentra el glifosato (herbicida pilar del cultivo de soja)”.

La medida de la Defensoría impacta directamente en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismos dependiente de Agricultura. El último punto de la Resolución de la Defensoría hace hincapié en cómo deben aprobarse los productos: “Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio”.

La soja transgénica y el uso de herbicidas que sustentan la siembra directa fue aprobada en Argentina durante 1996 sobre la base de trabajos de la propia empresa Monsanto.

Monsanto y sus Hormonas de Crecimiento Bovino

por Paul Kingsnorth

Ha escrito para The Guardian, Independent on Sunday, Resurgence, BBC Wildlife.

La combinación, habitual en Monsanto, de mala ciencia, reclamos engañosos, silenciamiento y eliminación de los oponentes y de las informaciones perjudiciales, es más que evidente en el caso del primer producto manipulado genéticamente que se ha comercializado: la hormona de crecimiento bovina.
La Hormona Recombinante de Crecimiento Bovino (rBGH), es una copia obtenida por ingeniería genética, de una hormona que producen naturalmente las vacas. La rBGH está ideada para que las vacas produzcan más leche de la que producirían naturalmente. Funciona alterando la expresión del gen de los transportadores de glucosa de la glándula mamaria, músculo y grasa de la vaca. El gen facilita el trasvase de glucosa a la glándula mamaria, lo que hace que produzca más leche.

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Se espera que las vacas a las que se inyecta diariamente una dosis de la rBGH –comercializada con la marca Posilac– incrementen su producción entre un 10 y 20 por ciento. Sin embargo, los problemas y los efectos secundarios asociados al uso de la rBGH son numerosísimos. Son tantos sus peligros reales y potenciales que está prohibido en Canadá, la Unión Europea y otros países, a pesar de los esfuerzos de Monsanto por ganarse la apertura de esos mercados. Aún así, la rBGH se ha utilizado en otros países –principalmente en EEUU– durante varios años. Y es de allí de donde nos están llegando las malas noticias.

Los animales tratados con la hormona están sujetos a un tremendo estrés. Normalmente unas 12 semanas después de que la vaca es una ternera produce leche a expensas de su salud. La vaca pierde peso, es estéril y es más susceptible a las enfermedades. Eventualmente, la producción de leche disminuye y su cuerpo empieza a recuperarse. La inyección de rBGH supone que el ganadero puede posponer esa recuperación entre otras 8 o 12 semanas, incrementando sustancialmente la producción de leche de la vaca, pero también haciendo que sea más susceptible a las enfermedades.

Para una mayor comprensión de los efectos perjudiciales potenciales del rBGH en la vacas, uno no necesita más que ver la etiqueta de advertencia que el FDA exige que Monsanto incluya en cada remesa de Posilac. La etiqueta destaca 21 problemas de salud asociados al uso de Posilac, que incluyen ovarios císticos, desórdenes uterinos, disminución del tiempo de gestación y peso de nacimiento de las terneras, incremento de la tasa de gemelos y retención de placenta.

Potencialmente el problema más serio, de todas formas, es el incremento del riesgo de mastitis o inflamación de las ubres. Una vaca con mastitis produce leche con pus.

Los peligros para la salud humana

Incluso dejando de lado los problemas de salud causados por residuos de antibióticos en la leche –utilizados para tratar a las vacas que padecen mastitis– los efectos del rBGH en los humanos pueden ser devastadores. Los estudio científicos más preocupantes son los que relacionen el rBGH con el cáncer.

Cuando a la vaca se le inyecta el rBGH, su presencia en la sangre estimula la producción de otra hormona, llamada, en inglés Insuline-like Growth Factor 1(IGF-1) -Factor de crecimiento tipo insulina-, una hormona-proteíca que producen naturalmente tanto vacas como humanos. El uso de rBGH incrementa los niveles de IGF-1 en la leche de las vacas. Dado que el IGF-1 es activo en los humanos –causando que las células se dividan– algunos científicos piensan que una ingesta de leche tratada con altos niveles de rBGH, podría dar paso a una división y un crecimiento incontrolados de células en los humanos, en otras palabras: cáncer10.

En 1996, el Profesor Samuel Epstein de la Universidad de Illinois, Chicago, realizó un detallado estudio de los efectos producidos por altos niveles de IGF-1 en los humanos. Los resultados de Epstein revelan que las concentraciones de IGF-1 que hay en la leche de las vacas tratadas con rBGH, pueden provocar cáncer de mama y colón entre las personas bebedoras de leche. La conclusión de Epstein fue contundente: “con la complicidad de la FDA, toda la nación está siendo sometida a un experimento a gran escala que supone la adulteración de un alimento básico muy antiguo por un producto biotecnológico pobremente caracterizado y sin etiquetado... que posee grandes peligros potenciales para toda la población estadounidense”15.

Dos estudios publicados a principios de este año parecen respaldar los hallazgos del Profesor Epstein. Un estudio realizado por American Women y publicado en The Lancet en Mayo revela que la probabilidad de contraer cáncer de mama entre las mujeres premenopaúsicas aumenta 7 veces en aquellas que tienen niveles altos de IGF-1 en su sangre16. Otro estudio publicado en Science en enero demostró que el riesgo de padecer cáncer de próstata se multiplica por cuatro entre los hombres con altos niveles de IGF-1 en la sangre17.

Amordazando las críticas

Monsanto responde con intimidaciones, abogados, manipulación de los hechos y muchísimo dinero en propaganda a cualquiera que se atreva a criticar su rBGH. A todo esto le ha ayudado e instigado la FDA, a la que llaman los críticos, "Monsanto Washington Office".

Monsanto y sus aliados incluso han estado utilizando la Constitución de EE.UU. para evitar que los consumidores sepan qué es la leche que beben. En abril de 1994 el Estado de Vermont aprobó una ley que requería que los productos que contengan rBGH se etiqueten claramente. Una coalición de industrias lácteas y Monsanto emprendieron un pleito inmediatamente argumentando que la nueva ley era “inconstitucional”, en tanto que había violado la Primera Enmienda que asegura el derecho constitucional de no estar obligado a revelar información. Monsanto ganó.

Enfrentada con una creciente indignación de los consumidores ante tales tácticas, Monsanto ha abandonado, muy a su pesar, sus juicios contra minoristas en EE.UU., y se permite etiquetar la leche como “leche sin rBGH”. Pero la FDA todavía se niega a exigir que los productores etiqueten su leche e incluso ahora, mucha gente no tiene ni idea de qué hay realmente en su leche.

Monsanto ha sido acusada, por otros sectores de la sociedad, de no ser limpia en los métodos utilizados y de encubrimiento de la verdad sobre la rBGH. El célebre caso "Fox TV Episode”, donde la corporación fue acusada de presionar para que un documental sobre el rBGH no saliera en antena, es sólo un ejemplo obvio. En su libro “Toxic sludge is good for you” (“El lodo tóxico es bueno para ti”), John C. Stauber y Sheldon Rampton cuentan un episodio en 1990 donde la empresa encargada de la promoción e imagen de la corporación envió un “topo” a una reunión de militantes anti-rBGH. El topo que actuó como una preocupada ama de casa, era de hecho una empleada de Burston-Marsteller, la compañía de imagen de Monsanto, que fue enviada para descubrir a priori cuáles iban a ser las tácticas de oposición.

El sector lechero americano ha denunciado varias veces que los representantes de Monsanto han minimizado, ocultado o intentado tapar los efectos adversos del rBGH, diciendo incluso a los ganaderos que sus problemas de mastitis eran únicos, o que los problemas de salud que surgían después de haber usado Posilac eran culpa del ganadero, más que de la hormona.

La conducta de Monsanto en esto, como en otros muchos temas relacionados con la rBGH, ha sido cualquier cosa menos honesta. Así pues, es sorprendente que sus actuales llamadas a un "debate abierto" sobre biotecnología sean tomadas en serio por alguien, cuando esto no es más que una pequeña pieza de su gran campaña publicitaria.

Fuente: Agirazul

Campesinos reales padecen cancer

Unos 300 afiliados santiagueños a la obra social de trabajadores rurales Osprera padecen cáncer, según un relevamiento realizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santiago del Estero, que sospecha sobre la incidencia del uso de agroquímicos en la generación de la enfermedad.

La preocupación de la entidad surgió luego de denunciar públicamente en 2008 que no había controles efectivos en el uso racional de agroquímicos que se aplican sobre los cultivos, particularmente de soja.
El presidente del Colegio, Juan Carlos Tula Peralta, dijo a la prensa local que "debemos controlar el uso de agroquímicos porque puede tener relación directa (los casos de cáncer en peones) con el uso indebido en los campos".

Si bien el relevamiento que hicieron no tiene un carácter científico, sirvió para alertar a la población y a las autoridades sobre el empleo indiscriminado del glifosato y su posible incidencia en la salud de la comunidad rural.

Asimismo, alertó sobre el potencial problema para la salud del peón rural y su entorno familiar porque los efectos de los productos químicos, en general, no son inmediatos, sino acumulativos en el tiempo, por lo que dentro de algunos años o décadas podrían aparecer secuelas hoy impensadas.

Tula Peralta reveló en mayo que en la provincia se producen más de cien nacimientos anuales de bebés con malformaciones, que están relacionadas con el uso de agroquímicos. Asimismo, explicó en ese momento a la prensa local que los datos surgieron de una investigación que efectuaron sus colegas durante más de un año en el interior provincial.

La aplicación de glifosato para combatir las pestes en los cultivos de soja se volvió común en la provincia debido al incesante incremento del área sembrada con esa oleaginosa.

Via: Diario Hoy